El viernes 20 de marzo del 2020, Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes publicó su informe A/HRC/43/49 con motivo del 43 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas como Tema 3 de la agenda.
Fue la primera vez que exponía de forma oficial una realidad que databa de más de cincuenta años en un concepto.
Aunque es cierto y muy extraño que no tuvo la cobertura masiva de un gran acontecimiento político global, sí tuvo repercusión y seguimiento documentado:
El lanzamiento del informe y las declaraciones de Nils Melzer sobre la cibertortura fueron informados y analizados por múltiples medios globales y especializados:
- Prensa internacional: Cadenas y periódicos como The Guardian, Reuters, BBC, Deutsche Welle (DW), Euronews y El País publicaron artículos sobre las advertencias de Melzer acerca del ciberacoso de Estado y la tortura psicológica digital.
- Medios tecnológicos y legales: Publicaciones especializadas en ciberseguridad y derecho internacional (Lawfare, Opinio Juris, Just Security) dedicaron análisis exhaustivos al documento A/HRC/43/49 por su impacto en la regulación del ciberespacio.
Académica, judicial y legislativamente se convirtió en una referencia técnica habitual:
- Análisis parlamentarios: Comisiones de libertades civiles y derechos digitales en el Parlamento Europeo y en parlamentos nacionales (como los de Reino Unido, Suiza y Alemania) han citado el trabajo de Melzer en debates sobre la regulación de spyware (como Pegasus), vigilancia masiva y violencia en entornos digitales.
- Jurisprudencia e informes posteriores: El documento A/HRC/43/49 sienta las bases del «Derecho blando» (soft law) internacional. Ha sido citado en decisiones de comités de la ONU, informes de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y en decenas de investigaciones académicas universitarias sobre ciberseguridad y derechos humanos.
Durante 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026, la lista de gobiernos que han traducido el informe en medidas legislativas concretas es sonrojante: ninguno.
Tras el titular de prensa del primer día, la cibertortura pasó a engrosar la lista de realidades incómodas que la política prefiere ignorar. Las administraciones miraron hacia otro lado, la gran mayoría de los medios pasaron página y la clase política prefirió no abrir un melón normativo que exige fiscalizar el ciberespacio y el abuso de poder.
Definir el concepto en la ONU fue un logro técnico; condenarlo al cajón del olvido institucional ha sido una decisión política.